La realidad socioeconómica y sanitaria mundial ha ocasionado la necesaria evolución y adaptación de las legislaciones nacionales a nuevas tendencias que rompen el esquema habitual de la dinámica jurídica, provocando cambios necesarios y deseables en las estructuras básicas del derecho. El derecho laboral no escapa de esa tendencia.
La pandemia ha revelado la necesidad de adaptar la relación obrero-patronal para ajustarla a un modelo que pueda ir flexibilizando los dogmas y cánones impuestos desde décadas pasadas, entendiendo que la “nueva realidad” debe procurar que tanto el patrono como el trabajador puedan encontrar nuevas opciones que permitan mantener la relación de trabajo de forma simultánea con las restricciones impuestas debido a la pandemia.
Los esfuerzos desde la perspectiva laboral han incluido avances legislativos -con algunas lagunas que deben ser mejoradas- en temas como: teletrabajo, suspensión de jornadas, modificación de bases mínimas contributivas en seguridad social o autorización para reducir jornadas de trabajo. Sin embargo, a pesar estos avances, la realidad de la dinámica laboral exige otros esfuerzos.
Bajo esta óptica, se discute actualmente en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley número 24215, denominado “Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional”, conocido popularmente como Proyecto de Nómadas Digitales.
Este proyecto de ley busca que el país, bajo premisas de flexibilización de los dogmas laboralistas habituales, y amparado en la figura del teletrabajo, logre atraer trabajadores remotos para que laboren en el país y a su vez, se conviertan turistas generadores de ingresos a los sectores productivos costarricenses. Su aplicación implicaría la creación legislativa de un nuevo concepto de trabajador, rompiendo el paradigma clásico de trabajador ligado a un patrono registrado en territorio nacional. Aunado a esto, permitir la prestación de servicios laborales transfronterizos genera además una evolución del concepto de teletrabajo, de la forma como se ha definido en nuestra legislación.
Desde la óptica migratoria, el proyecto de ley formaliza la creación de un nuevo estatus migratorio; estatus que comprendería a estos “nómadas” dentro de una categorización inexistente a la fecha; flexibilizando los rígidos requisitos para la obtención del permiso de trabajo en el país y extendiendo a su vez, la condición migratoria del “nómada” al grupo familiar del solicitante por un plazo anual (prorrogable por seis meses adicionales).
Si bien existen en el proyecto una serie de requisitos que debe cumplir el postulante (entiéndase: certificación de ingresos fijos, seguro médico, formalismos documentales, entre otros), la figura busca una apertura burocrática que funge como alternativa para las empresas extranjeras que brinden a sus colaboradores el beneficio laboral del teletrabajo.
En aras de hacer atractivo el proyecto para los “nómadas digitales”, el proyecto establece además beneficios de índole fiscal, como la exoneración del impuesto sobre la renta y utilidades sobre los ingresos generados en el exterior, y la posibilidad de exonerar aranceles para los equipos y herramientas necesarios para realizar el trabajo remoto.
Como puede observarse, el proyecto busca una regulación integral, y a pesar de que los fines prácticos de esta ley buscan un trasfondo turístico, -y no necesariamente laboralista-; la discusión legislativa permitirá sin duda alguna, que se abran los ojos a nuevas formas de empleo, y por ende, a un constante cambio de los paradigmas conocidos. A futuro se plantea el reto para el legislador de regular al “nómada digital” costarricense, con el afán de que pueda el patrono nacional, permitir a sus empleados laborar en cualquier lugar del mundo, sin perder el empleado sus derechos y obligaciones como trabajador.
Nelson Loaiza Araya
Asociado Facio&Cañas
