Como hemos afirmado anteriormente, la gestión del cumplimiento o compliance como globalmente se le conoce, es un conjunto de reglas a seguir y buenas prácticas que permiten identificar y clasificar los riesgos legales y operativos de todo tipo de empresas, de forma que se definan e implementen métodos internos preventivos que nos alejen de los métodos reactivos que se traducen en costos y en una constante amenaza a la reputación corporativa.
Tales buenas prácticas y métodos de control que los acompañan se sugieren desarrollar e implementar de forma especializada y según la actividad y exposición de cada organización, que irá de la mano con su capacidad de expansión y de sus expectativas comerciales.
La ampliación de las operaciones de la organización demanda, entre otros, identificar, gestionar y mitigar los riesgos de soborno y corrupción, y con ello adaptar e implementar un programa de cumplimiento anticorrupción respaldado por un sistema de gestión acorde, que además contribuirá con el cumplimiento de la Ley 9699 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y se alineará con las recomendaciones de entes como OCDE y GAFI, que incluso incentivan a brindar protección integral y efectiva a los denunciantes anónimos.
En relación, recientemente se conoció el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) que es el ranking de corrupción más utilizado en el mundo y su función es calificar los niveles percibidos de corrupción en el sector público de cada país, de acuerdo con las opiniones de expertos y empresarios, y cuyos resultados para el 2022 no nos hizo ningún favor al asignarnos una calificación de 54/100, 4 puntos menos que lo obtenido en el 2021, calificación tampoco favorable, y de allí el reto nacional de ser permeados por una cultura de cero tolerancia ante los actos de corrupción que solo desmejoran todo aquello que alcanzan.
Además de tal objetivo, que resulta en un atenuante ante la comisión de uno de los delitos incluidos en dicha Ley 9699, un programa de cumplimiento anticorrupción podrá generar:
Buena reputación:
El más importante activo intangible de la organizada es su reputación que sin duda puede verse fuertemente amenazada ante un evento de soborno y corrupción, lo cual puede atenuarse de contar con un robusto programa y sistema de gestión anticorrupción.
Confianza:
Precisamente por lo anterior, las organizaciones que han destinado esfuerzos y recursos a la prevención de la corrupción generan confianza no solo de sus clientes sino que además de sus proveedores, colaboradores y terceros interesados.
Ventaja competitiva:
El cumplimiento corporativo, dirigido a la lucha contra la corrupción, transmite una clara señal de compromiso de las normas, aleccionando a todos aquellos involucrados en la gestión operativa, generando reconocimiento y ventajas comerciales que a la larga se traducen en crecimiento y ampliación del espacio.
Cultura de cumplimiento:
Es a través de la implementación del programa de cumplimiento y de la capacitación a los colaboradores que se cultiva una verdadera y sólida cultura de integridad y transparencia. En una organización con una cultura ética anticorrupción se insta al rechazo de toda conducta delictiva que arriesgue el bienestar de cada parte interesada.
Una cultura corporativa sana es uno de los tantos beneficios que el compliance anticorrupción atrae, y por ello, un objetivo importante de las normas internacionales como la ISO:37001 es garantizar que la prevención de la corrupción forme parte de una cultura empresarial transparente y abierta.
Si bien el CPI basa sus resultados en la percepción y la puntuación de un país es el nivel percibido de corrupción en el sector público, es trabajo de todas las esferas sociales el saneamiento, derrocándose el mito de que esta es una lucha con solo una mirilla y enfoque gubernamental. El desaceleramiento en la lucha contra la corrupción y la no participación de los sectores privados provoca temor a la inversión y poca fe en los líderes, especialmente por parte de aquellas empresas transnacionales que se enfocan en factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).
Los actos de corrupción dañan la buena gobernanza e impiden la competencia sana y equitativa. Además, atenta directamente contra el ciudadano, golpea a la justicia, y a la economía de naciones enteras, pero especialmente de aquellas en desarrollo.
Catalina Moya Azucena
Asociada Senior
Facio & Cañas
