Costa Rica enfrenta una paradoja hídrica: es un país con abundantes recursos naturales, pero con una infraestructura hídrica que muestra señales claras de desgaste, desigualdad en el acceso y una urgente necesidad de modernización. Si bien la mayoría de la población cuenta con acceso al agua potable, todavía persisten amplias brechas en zonas rurales y costeras. A esto se suma que más de un millón de personas no cuentan con servicios de saneamiento adecuados, lo que tiene efectos directos sobre la salud pública y la sostenibilidad ambiental.
El deterioro de los acueductos, muchos de los cuales fueron construidos hace décadas, ha generado un escenario en el que más del 60% de las estructuras no garantizan el abastecimiento de agua para los próximos cinco años. Esto no solo representa un riesgo sanitario, sino también una traba para el desarrollo económico local, especialmente en comunidades donde el acceso al agua es un factor determinante para atraer inversión.
Sin embargo, como suele suceder con las crisis, también se abren ventanas de oportunidad. En los últimos meses, el país ha empezado a dar pasos significativos para revertir esta situación. Uno de los movimientos más destacados es la inversión histórica de $565 millones por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinados a proyectos de saneamiento que beneficiarán directamente a más de cuatro millones de costarricenses. Esta inyección de capital incluye la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales y la expansión de redes de alcantarillado en zonas críticas.
A esta apuesta se suma el plan de aceleración del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que contempla más de 45 proyectos prioritarios y una inversión superior a los ¢284.000 millones. Estas obras no solo buscan mejorar el acceso al agua y el tratamiento adecuado de aguas residuales, sino que también representan una plataforma para la creación de empleos, la dinamización económica y el fortalecimiento de capacidades técnicas nacionales.
Por otra parte, las alianzas público-privadas comienzan a jugar un papel estratégico en esta transformación. Proyectos recientes, como la colaboración entre el AyA y Grupo Pedregal para optimizar el acueducto metropolitano, han permitido ampliar la capacidad de abastecimiento a más de 360.000 personas en la Gran Área Metropolitana, demostrando que el sector privado puede ser un socio clave para acelerar soluciones sostenibles.
Este panorama mixto nos lleva a una conclusión clara: aunque el país enfrenta una crisis en su infraestructura hídrica, también está sentado sobre una oportunidad única de desarrollo e inversión. La combinación de financiamiento multilateral, voluntad institucional y la apertura a la participación privada crea un entorno propicio para que empresas visionarias se posicionen en un sector en transformación.
En Facio&Cañas contamos con experiencia en la estructuración de proyectos de infraestructura, cumplimiento regulatorio, alianzas público-privadas y gestión de riesgos legales y contractuales. Somos aliados comerciales de empresas que desean ser parte de esta nueva etapa en el desarrollo hídrico de Costa Rica, ofreciendo asesoría estratégica desde la concepción del proyecto hasta su ejecución.
Daniel Castro
Asociado
