Hace unos días, como participante acreditada, estuve presente en la Second Global Conference on Harnessing Data to Improve Corruption Measurement, un foro global convocado por Naciones Unidas que reunió a más de 450 especialistas, instituciones multilaterales, delegaciones estatales, academia y sector privado. Fue un espacio profundamente técnico, pero también honesto: la lucha anticorrupción no puede seguir avanzando con datos incompletos, con percepciones que pesan más que la evidencia o con sistemas nacionales que no siempre logran ver el panorama completo. El mensaje que atravesó toda la conferencia fue simple y contundente: no podemos combatir lo que no sabemos medir.

Esa idea marcó el ritmo de las discusiones. A partir de allí, emergieron cuatro líneas de trabajo que revelan con claridad hacia dónde debe avanzar la agenda global. La primera —y quizá la más urgente— es esta:

1. La corrupción sí puede medirse —y debemos hacerlo mejor

Una de las afirmaciones más poderosas del encuentro fue también la más clara: la corrupción puede medirse de manera objetiva, confiable y metodológicamente robusta.

Hoy existen marcos como el UNODC Statistical Framework to Measure Corruption, disponibles para que los países los utilicen como referencia técnica para medir corrupción de manera más rigurosa y comparable, que permiten capturar datos reales a partir de encuestas nacionales de hogares y empresas, registros administrativos como compras públicas, justicia penal y estadísticas financieras, además de indicadores de riesgo y evaluaciones de la efectividad de los controles institucionales. A esto se suma el potencial de herramientas analíticas más avanzadas —incluyendo IA— para identificar patrones que antes permanecían ocultos.

El reto ya no es conceptual. El reto es de capacidad, de coordinación y de inversión en sistemas nacionales de datos. Y precisamente ahí se centró la siguiente discusión de la conferencia.

2. Los países necesitan sistemas nacionales de datos, no esfuerzos aislados

Una de las recomendaciones centrales fue clara: las oficinas estadísticas y las agencias anticorrupción deben trabajar juntas. Sin coordinación institucional, los datos sobre corrupción quedan fragmentados y pierden valor.

Para producir información confiable se requieren sistemas que integren diversas fuentes, permitan la interoperabilidad entre instituciones, eliminen obstáculos para el intercambio responsable de información, establezcan reglas claras para la gobernanza y publicación de datos y reflejen la realidad institucional más allá de percepciones o intuiciones.

Medir corrupción no es generar un índice anual, es entender si los controles funcionan, dónde están los riesgos reales y hacia dónde deben dirigirse los recursos. Y en ese punto, la conversación avanzó hacia un elemento transversal que puede potenciar —o debilitar— toda esta infraestructura: la tecnología.

3. Tecnología sí, pero con límites claros

La conferencia fue precisa al hablar de tecnología. Herramientas como la analítica de datos, la detección de patrones, las alertas tempranas o los sistemas de visualización amplían nuestra capacidad de identificar irregularidades y anticipar riesgos, pero también exigen algo fundamental: salvaguardas éticas.

El uso de tecnología en medición anticorrupción debe ser transparente, explicable, responsable y respetuoso de la privacidad. La innovación sin control no fortalece la integridad; la pone en riesgo. Y dado que la corrupción no reconoce fronteras, este punto llevó naturalmente al siguiente tema clave del encuentro: la necesidad de cooperación internacional.

4. La cooperación internacional no es opcional

La corrupción es transnacional y sus datos también deben serlo. Por eso, una de las recomendaciones finales fue institucionalizar esta conferencia cada dos años como un mecanismo permanente de coordinación, aprendizaje y monitoreo global. Además, se reforzó la necesidad de fortalecer la colaboración entre países a través de la UNCAC —la convención anticorrupción de Naciones Unidas—, del GlobE Network —una red global de cooperación entre autoridades de aplicación de la ley— y de otros foros especializados, para compartir prácticas, metodologías y experiencias que permitan mejorar la medición y la respuesta.

La lucha anticorrupción avanza cuando la evidencia se comparte y se contrasta, no cuando cada país trabaja aislado. Y esa reflexión global tiene implicaciones directas para nuestra región.

¿Qué significa esto para Costa Rica y la región?

Para América Latina —y para Costa Rica— estas recomendaciones ofrecen un marco técnico valioso para reflexionar sobre cómo fortalecer los sistemas de datos, avanzar hacia mediciones que trasciendan la percepción y diseñar políticas anticorrupción apoyadas en evidencia verificable.

La región ha avanzado en normas y marcos regulatorios, pero sin datos sólidos es difícil evaluar su efectividad real. La corrupción no se combate solo con leyes. Se combate con información, con medición rigurosa y con capacidad institucional para entender lo que está pasando, y eso nos devuelve al mensaje central de este día.

Un mensaje en este Día Internacional contra la Corrupción

Cerrar la brecha entre lo que creemos que ocurre y lo que realmente ocurre es uno de los desafíos más urgentes para los próximos años. Porque lo que no se mide se distorsiona, se subestima y termina normalizándose.

Este 9 de diciembre, la invitación es clara: para enfrentar la corrupción, primero debemos conocerla. Solo así podemos comprenderla y, finalmente, combatirla con eficacia.