Parto de que el préstamo del FMI es necesario para evitar que el Estado caiga en default. Lo anterior significa no pagar deuda y, por tanto, no lograr que nos presten, salvo en condiciones extremas; dejar de pagar salarios, salvo mediante una emisión inorgánica y, por ende, explosión de indicadores macroeconómicos, como inflación, tipo de cambio y desempleo. Entonces, deberíamos llegar al acuerdo con el FMI.
La propuesta inicial del gobierno hizo aguas por varios flancos, mas no significa que sea imposible diseñar una que sí alcance los objetivos de reducción del déficit y deuda respecto al PIB, que exige la entidad internacional y, de paso, nos debemos exigir nosotros mismos como país.
Primer problema de la propuesta: desbalance en una solución mediante reducción de gasto en relación con el aumento de impuestos (20 %-80 %). Hay que agregar ingredientes a la receta del lado del gasto: recortes al presupuesto del 2021 en el rubro “otros gastos”; generalización del uso del Sicop en todas las instituciones; renegociación con acreedores institucionales y fondos de pensiones una reestructuración de las amortizaciones de deuda interna para el año entrante; renegociación de alquileres; una ley de empleo público matriculada con la sólida tesis jurídica de que la aplicación a los funcionarios actuales no lesiona derechos adquiridos; revivir el proyecto CERRAR de Ottón Solís y otras ideas en esa línea; venta de otros activos estatales o, incluso, con pensamientos fuera de la caja ya propuestos; y capitalizar deuda de acreedores internos en instituciones comerciales del Estado, transformándolas en verdaderas sociedades anónimas público-privadas (al estilo alemán). Y otras ideas más.
La propuesta respecto al impuesto sobre la renta, de manera mecánica e irreflexiva, tomaba las tres tarifas de la ley vigente (de asalariados, de personas físicas con actividad lucrativa y de las empresas) y las aumentaba. Simple… pero irracional.
El mínimo exento de los asalariados es ¢10.080.000 anuales, mientras el de los autónomos es ¢3.732.000; en el extremo alto de la escala, a los asalariados se les cobra el 25 % a partir de ¢51.900.000; a los independientes, a partir de ¢18.631.000. Diferencias abismales que se manifiestan en los distintos tramos de las respectivas escalas progresivas.
Además, de los mismos bolsillos salen las contribuciones a la CCSS: 10 % asalariados, 18 % independientes. Entre renta y Caja, un independiente paga el 40 % de su renta neta, mientras un asalariado, un 24 % de su salario. Términos comparables, salario y renta neta, porque los costos de producción del salario los asume el patrono.
Se propuso aumentar los porcentajes máximos al 35 %, pero a partir de los mismos montos a los que hoy se les aplica el 25 %. Resultado: los asalariados llegarían a una tributación conjunta del 28 %, mientras los independientes, a una de 47 %. Discriminatorio y confiscatorio.
Ahora las personas jurídicas: Según el reporte del Banco Mundial Paying Taxes 2018, Costa Rica grava las empresas por un acumulado del 58 % de su renta neta, entre impuestos de renta, dividendos, cargas patronales e impuesto de patentes, muy por encima del promedio mundial (40,5 %).
La propuesta pretendía subir la tarifa del impuesto sobre la renta del 30 % actual al 36 %, y la del dividendo, del 15 % al 20 %. En otras palabras, agravar ese exceso de imposición tirándolo por encima del 65 %.
Según el economista Arthur Laffer, un aumento de tarifa produce aumento de recaudación hasta cierto punto. Cuando se abusa en el intento, más bien la disminuye, pues las personas y empresas se defienden del exceso, sea dejando de hacer actividad económica gravada, sea evadiendo para subsistir (informalidad).
La reforma propuesta tenía todos los números para comprobar una vez más ese efecto en la curva de Laffer. No solo no sería muy recaudatoria, sino que atentaba contra la necesarísima reactivación económica.
1. En renta, buscar alguna fórmula para que quienes están exentos contribuyan, así como cobrar renta mundial únicamente a las inversiones pasivas para que sea neutral invertir en mercado financiero interno o externo.
2. En el IVA hay oportunidades: la tarifa baja que tenemos en comparación con la internacional (13 % vs. más del 20 % en países como Chile, Argentina, Irlanda y España) permite un aumento temporal de un par de puntos; eliminar o atenuar la exención de la canasta básica (que estudios evidencian beneficia mucho más a las personas de altos ingresos) a cambio de un subsidio o devolución del IVA a las personas de menos ingresos; aumentar tarifas en servicios de educación y medicina privada al 5 % o 6 %.
Dr. Adrián Torrealba Navas
Socio Fundador FAYCATAX
Socio Facio&Cañas
