Para comenzar, la economía de plataformas digitales, se ha convertido en una de las transformaciones más notorias y aceleradas del mundo del trabajo actual. Actividades de la cotidianidad como el transporte de personas, el reparto de comida, los servicios por encargo, y ciertas formas de trabajo en línea, se organizan hoy mediante aplicaciones y sistemas automatizados.

Ahora bien, a pesar de que estas plataformas promulgan la digitalización y automatización de muchos servicios, el factor humano sigue siendo un aspecto fundamental que permite que estas plataformas puedan funcionar con normalidad. Ante ello, ha surgido la duda del millón, ¿son las personas que prestan servicios en este tipo de plataformas trabajadores o no?

La ausencia de un instrumento internacional específico y vinculante, llevó a que la OIT, mediante el Convenio Nº193, estableciese y promulgase un instrumento normativo internacional que pretende la regulación y promoción del trabajo decente en la economía de plataformas, siendo éste el primer instrumento internacional de naturaleza vinculante, una vez ratificado por los Estados miembros, dedicado específicamente al trabajo en plataformas digitales, por lo que ello representa un paso importante para la regulación de esta nueva forma de organización productiva.

Siguiendo en la misma línea, el Convenio parte de una idea central, la cual versa en que el trabajo realizado mediante plataformas digitales, debe desarrollarse bajo condiciones compatibles con el trabajo decente. Por ello, dicho Convenio adopta un enfoque más amplio, el cual no se limita únicamente a tutelar derechos de personas reconocidas formalmente como asalariadas, si no que también cubre a aquellas personas que prestan servicios en plataformas digitales, cuya clasificación contractual no haya sido asignada de previo. Es decir, su marco de protección va dirigido a promover el trabajo decente de casi toda persona que preste servicios mediante una plataforma digital de servicios.

Dentro de las principales novedades jurídicas, podemos encontrar las siguientes:

La exigencia de que los Estados adopten medidas para asegurar la correcta clasificación de la situación en el empleo. Ello no significa que toda persona que trabaje mediante una plataforma digitial, deba de ser considerada automáticamente como trabajadora asalariada, si no que, la determinación debe realizarse con base en los hechos reales de la prestación del servicio y no solo en la denominación del contrato. Al igual que lo establece nuestra legislación nacional, los hechos acaecidos en la realidad, son los que determinan la forma de prestación del servicio. Esta figura jurídica evita que se pueda camuflar una relación laboral con otra denominación, en aras de evadir las responsabilidades legales y solidarias a las que todo patrono debe de acatar.

El cuerpo normativo también incorpora garantías vinculadas con los derechos fundamentales en el trabajo, dígase, la libertad sindical, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso e infantil, la no discriminación y el derecho a un entorno laboral seguro y saludable. Aunado a lo dicho, el Convenio reconoce la necesidad de proteger a las personas trabajadoras frente a riesgos propios de esta modalidad del trabajo, tales como los accidentes, las jornadas extensas, la violencia, el acoso, la presión por calificaciones y decisiones automatizadas que puedan afectar su acceso al trabajo, entre otras más.

Por otro lado, el Convenio introduce el concepto de regulación de la gestión algorítmica. ¿Qué significa ello? Pues, las plataformas no solo conectan la oferta y la demanda, si no que también pueden asignar tareas, evaluar el desempeño, modificar pagos, suspender cuentas o restringir el acceso al empleo, todo ello mediante sistemas automatizados y digitalizados. Por tal motivo, el Convenio introduce la noción de que debe de existir mayor transparencia en el uso de algoritmos, así como la posibilidad de que una persona trabajadora de plataformas digitales, pueda recibir explicaciones sobre las decisiones tomadas, y que en caso de requerirlo, el trabajador pueda contar con una revisión humana de su caso, en caso de que ésta lo afecte significativamente.

En materia económica, el Convenio deja en claro que, cuando exista una relación de trabajo, deberán respetarse los derechos laborales mínimso. Además, la remuneración deberá respetar los mínimos aplicables conforme al derecho interno, y, el aseguramiento deberá otorgarse en condiciones no menos favorables que las de otras personas con la misma clasificación jurídica.

Nuestro país, al momento de la elaboración del presente artículo, no consta que haya ratificado el Convenio en cita. Además, conforme al sistema tripartito de participación y votación que posee la OIT (patronos, trabajadores y Estados), el sector trabajador en representación de nuestro país, votó a favor de dicho Convenio; por otro lado, el sector Gobierno y patrono, se abstuvieron de votar

En síntesis de lo expuesto, el Convenio Nº 193 pretende establecer un piso mínimo de protección al capital humano, en aras de que la innovación tecnológica compagine junto con la regulación laboral y el empleo digno de los trabajadores de estas plataformas.